Durante los últimos cuatro años, en Colombia, se han venido realizando una serie de protestas sociales por parte de los ciudadanos, como el paro nacional del 21N en 2019 y el paro nacional del 28 de abril de 2021, ambos realizados como rechazo a la pobreza, la falta de acceso a la educación, la desigualdad, desempleo, entre otros factores.

Por otro lado, en septiembre de 2020, también se vieron desencadenadas otras protestas por el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía en un CAI de Bogotá y varios han sido los casos donde ciudadanos murieron en medio de manifestaciones, como el de Lucas Villa, en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas y, Dylan Cruz, tras recibir un impacto de bala por parte de la Policía en Bogotá.

PUBLIMETRO habló con Iris Marín Ortiz, Coordinadora del Semillero SIACSE, de la Universidad El Bosque, sobre la regulación de las protestas sociales en Colombia, la represión, la violencia que se ha vivido durante los últimos años y de qué manera en la academia se han involucrado a los futuros profesionales para ser parte del cambio social estructural.

Tanto en Colombia, como en muchos otros lugares del mundo las protestas han sido las promotoras de cambios sociales y políticos trascendentales, generalmente de carácter progresista y estas hacen parte de los derechos a la libertad de expresión, locomoción, asociación y participación.

“Según la Constitución, el Código de Policía y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades del Estado y particularmente la Policía deben ofrecer protección a la protesta, es decir, el objetivo de su intervención no es reprimirla sino garantizarla; para realizarse no se requiere de permiso previo; las limitaciones que se impongan a una protesta pacífica deben estar contempladas expresamente en la ley, es decir, no puede el Gobierno o la Fuerza Pública determinarlas bajo su criterio personal o político; las manifestaciones no pueden ser disueltas sino cuando estén generando alteraciones graves e inminentes a la convivencia y no haya otra forma de evitar esas alteraciones, la disolución de la protesta debe ser el único medio con el cual se puede evitar esa alteración”, aseguró Marín.

El uso de la fuerza para el control de las protestas

Pese a que el uso de la fuerza para controlar las alteraciones de orden público debe ser muy cuidadoso y cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad, sin el uso de armas de fuego, durante las últimas protestas en Colombia el balance no ha sido nada alentador.

El manejo a las protestas en el país no ha sido el correcto, tanto para los derechos humanos, como para la legitimidad del Gobierno y de la Policía. Los protestantes han sido estigmatizados como si su manifestación no fuera legítima, en ocasiones se les ha acusado de ser expresión de grupos armados ilegales.

El semillero de Investigación, Acción y Cambio Social Estructural SIACSE, de la Universidad El Bosque, ha estudiado minuciosamente los informes de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y la CIDH, la Relatoría Independiente del 9S, del Concejal Diego Cancino y de muchas ONG, así como una sentencia hito de la Corte Suprema, encontrando una serie de irregularidades cometidas por parte de la Policía durante las más recientes manifestaciones en Colombia. Así lo explica Iris Marín:

“Aunque hubo prácticas positivas como el diálogo social y el abordaje a través gestores sociales de paz, la Policía no tuvo el control adecuado por parte de las autoridades civiles, usó armas de fuego, produjo el homicidio de decenas de personas, la mayoría de ellas jóvenes, realizó detenciones arbitrarias a través del abuso de figuras como el “traslado por protección”, detenciones que se adelantaron en sitios no autorizados como las estaciones de Transmilenio, lo que conllevó denuncias por desaparición forzada. En los centros de detención y fuera de ellos se presentaron torturas, lesiones oculares, violencia sexual. Hubo uso desproporcionado de la fuerza, discriminación y racismo. El Gobierno nacional optó por la militarización. Las autoridades de policía no brindaron socorro a manifestantes heridos o incluso agonizantes. Muchos jóvenes, periodistas y defensores de derechos humanos fueron reprimidos por la difusión, denuncia pública o el monitoreo de los hechos. Algunos pocos protestantes también tornaron su actividad en manifestaciones violentas, afectando la vida e integridad de miembros de la policía y atacando la infraestructura de los CAI o de edificios públicos. El grueso de los delitos de violencia policial permanece en la impunidad, testigos y víctimas han sido amenazados y temen acudir a la justicia”.

En busca del camino correcto 

En el país no se puede seguir actuando como se ha hecho en las últimas protestas, es necesario que el diálogo y la canalización pacífica sobresalgan y que la represión violenta cese. Para la profesional, no solo se requiere una reforma seria y profunda a la Policía y que ellos entiendan que su misión no es actuar como si los protestantes fueran sus enemigos, sino como garantes de sus derechos. Esto sumado a la protección de las víctimas, su asistencia en salud y un programa administrativo de reparaciones.

Sobre el semillero de Investigación, Acción y Cambio Social Estructural – SIACSE. Universidad El Bosque 

Este Semillero de Investigación, Acción y Cambio Social Estructural busca desarrollar y fortalecer procesos investigativos, de acción social, política y comunicativa en áreas del Derecho e interés público que para que los estudiantes como futuros profesionales puedan ser parte del cambio social estructural, superando lo teórico o lo curricular.

Es liderado por la profesora Iris Marín Ortiz y de él hacen parte como estudiantes de Derecho Camila Hernández, Danna Bohórquez, Juan Manuel Campuzano, Tomás Castrillón y David Roncancio; y de Ciencia Política Moisés Portilla, y Diego Prieto.