Alexander Rojas R., profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad El Bosque, habló con PUBLIMETRO sobre el significado que tiene para el país el mandato del primer presidente de izquierda en su historia, asegurando que ante todo, esta elección significa un cambio que implicaría mutaciones apreciables en ámbitos de la vida que la joven sociedad del siglo XXI ha considerado críticas: derechos humanos, igualdad de oportunidades, cambio climático, energías renovables, globalización, derechos y libertades civiles, entre otras.

“Lo que ha venido sosteniendo desde el año pasado el Observatorio Político de las Américas (grupo de investigación de la Facultad) es que el país tenía altas probabilidades de ratificar en las elecciones presidenciales el Patrón de cambio de la era post pandemia. Esto que hemos denominado Patrón cambio de la política post pandemia pretende explicar la actitud política que han adoptado las sociedades que enfrentaron el devastador fenómeno global del COVID-19. En esencia, nuestra hipótesis considera que la pandemia de COVID-19 debía analizarse como una experiencia catastrófica de las sociedades humanas; similar a una guerra mundial, una crisis energética, económica o ambiental de efectos sistemáticos”, aseguró.

Según explica el profesional, está demostrado por las neurociencias que los seres humanos registramos en la memoria estos hechos como traumas, recordando siempre lo más difícil y doloroso.

“Conforme a esta perspectiva, la tendencia a castigar en las urnas a los gobiernos que enfrentaron la pandemia es la forma particular como las sociedades abiertas y democráticas de Las Américas expresan libremente los devastadores efectos del COVID-19. Así, el desempleo, la pobreza, la enfermedad y la muerte han creado una experiencia traumática que se ha traducido en las urnas en un fenómeno concreto de preferencia por el cambio. En efecto, esta tendencia al cambio político lo inauguró paradójicamente la democracia norteamericana con las elecciones de enero 2021, las cuales le permitieron al Partido Demócrata recapturar el poder ejecutivo y prácticamente ambas cámaras del Senado”, agregó.

Los retos del nuevo gobierno

Colombia se enfrentó durante los últimos años a varios estallidos sociales los cuales demostraron el descontento de ciudadanos en diferentes regiones del país. La desigualdad, el abuso de derechos, violencia contra civiles, la pobreza, el uso de las fuerzas armadas para fines políticos, entre otros factores hicieron que las calles fueran el escenario para pedir a gritos un cambio.

Ahora, con la llegada del nuevo gobierno son muchas las expectativas que hay sobre un cambio, pero también los retos que quedan a raíz del mandato anterior. ¿Cuáles son exactamente? Así lo explica Alexander Rojas, de la Universidad El Bosque.

“De acuerdo con el Democracy Index 2021 de The Economist, la democracia colombiana invirtió su tendencia general de progreso de todo el siglo, y, en consecuencia, corre el riesgo de perder su tradicional estatus internacional de Democracia frágil por Régimen híbrido, es decir, una democracia formal con formas autoritarias de gobierno. Al finalizar el periodo que coincide con los dos primeros gobiernos de la nueva derecha (Álvaro Uribe, 2002-2010; Juan Manuel Santos, 2010-2018), Colombia había saltado a un puntaje extraordinario de 7.13/10, superando más de una década de estancamiento en el rango de 6 y acercándose por primera vez al límite de 8.00, en el cual se agrupan las democracias desarrolladas o el selecto 13% de las naciones del mundo.

Sin embargo, los logros que le costaron a los colombianos más de dos décadas consolidar se han desplomado precipitadamente en tan solo dos años. Entre 2020-2021, el promedio del país ha sido exclusivamente negativo (2020: -0.09 / 2021: -0.56).

Con el puntaje alcanzado en el Democracy Index de 2021 (6.48), Colombia retrocede un total de 15 años colocándose en el mismo nivel que tenía en 2006. De mantenerse la misma tendencia negativa, Colombia podría desplomarse para la medición de 2022 al nivel de 5.92/10, siendo reclasificado como régimen híbrido, lo cual esencialmente significa: un régimen político con una democracia formal de elegir gobiernos en las urnas, pero con formas muy autoritarias de gobernar que transgreden el Estado de Derecho, el check & balance de las ramas del poder y violan sistemáticamente las libertades civiles a través de agentes de la fuerza pública. De ser así, Colombia podría ser parte de países en la región como El Salvador, Honduras o Bolivia; y del mundo como Pakistán y países africanos con no más de 50 años de historia como Nigeria, Gambia o Sierra Leona”, explicó.

Frente a las posibles soluciones, el profesor explica que la reforma policial y militar serán claves para recuperar el terreno perdido de libertades civiles, al mismo tiempo que se debe alejar por completo de los escándalos de violación del Derecho Internacional Humanitario y deberá existir una fuerza pública respetuosa del Estado de Derecho. Adicionalmente, tendrá que haber una gestión gubernamental respetuosa de sus cortes y del poder del control legislativo e impulsar una cultura política de respeto por la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho.

El papel de Francia Márquez

Colombia no solo tendrá a su primer presidente de izquierda, también a la primera vicepresidenta afro del país, líder social en una zona de conflicto y una mujer con un origen de clase trabajadora y campesina.

“Los recursos del Estado (humanos, de capital, institucionales) deberían dirigirse de forma más directa y efectiva hacia la periferia de la muy central, privilegiada y dominante región andina. Será muy importante vincular tanto material como mentalmente esas regiones marginadas del país con las estructuras políticas y económicas, así como con los imaginarios de los colombianos. Puesto que esas regiones no solo parecen islotes de repúblicas independientes, sino también, territorios ajenos a los imaginarios colectivos nacionales. Para ello, el reto es claramente adoptar perspectivas, metodologías y proyectos muy innovadores capaces de reapropiar material y culturalmente las zonas marginales, de permanente conflicto y con las mayores deudas sociales de Colombia”, puntualizó.